Un Convenio de colaboración entre la Dirección General de Seguridad Nacional y la Agencia Judicial del Reino para fortalecer la cooperación en la defensa de los intereses del Estado ante la justicia
La Dirección General de Seguridad Nacional y la Agencia Judicial del Reino firmaron hoy, miércoles, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, un convenio de colaboración destinado a fortalecer la cooperación y la coordinación sostenibles en la defensa de los intereses del Estado ante la justicia, la gestión y prevención de litigios, así como el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias y asesoramiento jurídico. Todo ello con el fin de consolidar los fundamentos de una administración eficiente y reforzar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.
Este convenio fue firmado por la Sra. Nadia Fettah Alaoui, ministra de Economía y Finanzas, el Sr. Abdellatif Hammouchi, director general de Seguridad Nacional y Vigilancia del Territorio, y el Sr. Abderrahman Al-Lamtouni, procurador judicial del Reino.
Según un comunicado conjunto del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Seguridad Nacional, este acuerdo busca establecer un marco de referencia y una base reguladora para fortalecer la cooperación entre ambas instituciones en ámbitos de interés común, en particular en la gestión de litigios, la identificación y prevención de riesgos jurídicos, y la defensa de los intereses del Estado ante los órganos judiciales. Además, promueve la cooperación en los ámbitos científicos relacionados con la formación, el desarrollo de competencias y el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos.
El convenio define los compromisos de las partes firmantes, incluyendo la coordinación de procedimientos de defensa, el seguimiento de la ejecución de sentencias favorables a la Dirección General de Seguridad Nacional y a sus funcionarios, así como la garantía del derecho de asistencia legal para aplicar el principio de «protección del Estado». Este principio está destinado a los agentes de policía que sean víctimas de agresiones físicas o verbales en el ejercicio de sus funciones.
Para garantizar la implementación efectiva de esta asociación institucional, el acuerdo establece un comité de liderazgo encargado de elaborar programas de trabajo conjuntos y definir las principales orientaciones de la cooperación. Este comité contará con el apoyo de un comité técnico responsable de dar seguimiento a la implementación de los programas aprobados y de anticipar proyectos futuros que refuercen y amplíen la colaboración.
El comunicado concluye destacando que este acuerdo refleja la voluntad de ambas partes de consolidar su cooperación institucional en beneficio del interés público, mediante una gestión eficiente de los litigios judiciales, la ejecución de programas conjuntos para prevenirlos y el establecimiento de mecanismos precisos para garantizar la mejor defensa de los derechos e intereses de los funcionarios del cuerpo policial.
