La comunidad marroquí y otras comunidades migrantes hacen oír su voz en el debate español sobre inmigración y elecciones
Un encuentro vecinal celebrado en Torrelavega abordó el avance de los discursos de la extrema derecha, la imagen de la inmigración en los medios, la contribución de los trabajadores extranjeros a la economía y la importancia de la participación democrática.
La inmigración vuelve a ocupar un lugar central en el debate político español, especialmente ante la proximidad de distintos procesos electorales y el avance de discursos que han convertido la cuestión migratoria en uno de los principales ejes de confrontación política. En este contexto, la participación de las comunidades inmigrantes en los espacios de debate adquiere una relevancia cada vez mayor, no solo para defender sus derechos, sino también para hacer visible su realidad social, laboral y ciudadana.
Estas cuestiones centraron el encuentro vecinal «Inmigración y elecciones: que nadie cuestione tus derechos», celebrado el 21 de noviembre en la sede de Comisiones Obreras en Torrelavega, Cantabria. La jornada reunió distintas perspectivas sobre la realidad migratoria, desde el ámbito jurídico y social hasta el periodístico y comunitario.

El debate jurídico, las políticas migratorias y el coste real para la sociedad
Mariama Niang Sylla: la preocupación de los inmigrantes ante la posible transformación del discurso de la extrema derecha en políticas y leyes
La intervención de Mariama Niang Sylla, abogada especializada en Derecho de Extranjería, permitió abordar el avance de los discursos de la derecha y la extrema derecha en Europa, así como las propuestas de endurecimiento de las políticas migratorias que acompañan a su creciente protagonismo político, en un contexto marcado por la proximidad de diferentes procesos electorales en España.
El debate se centró en la preocupación que existe entre las comunidades inmigrantes ante la posibilidad de que estos discursos dejen de ser simples propuestas electorales y se traduzcan en leyes, decisiones gubernamentales y medidas concretas que puedan afectar a su situación jurídica, sus derechos y su futuro en los países donde residen.
En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de las instituciones europeas, ya que las políticas migratorias y de asilo no se limitan al debate político, sino que pueden materializarse en normas que afectan directamente a miles de personas. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo constituye un ejemplo de cómo las orientaciones políticas pueden traducirse en procedimientos relacionados con el control de fronteras, la tramitación de solicitudes de asilo, el reparto de responsabilidades entre los Estados y los procesos de retorno.
Estos cambios generan interrogantes entre las comunidades inmigrantes sobre las políticas que podrían adoptarse en el futuro y sus posibles repercusiones, especialmente ante la eventual llegada al poder de fuerzas políticas que defienden posiciones más restrictivas en materia migratoria, tanto en el ámbito europeo como en los gobiernos nacionales.
Durante la intervención también se hizo referencia a la experiencia estadounidense en materia de deportaciones masivas, como ejemplo de la dimensión de recursos económicos, administrativos y jurídicos que requiere la aplicación de políticas de expulsión a gran escala. La cuestión no se limita al coste de estas medidas, sino también a la naturaleza de las decisiones políticas y a sus consecuencias sobre la sociedad y las personas afectadas.
La preocupación se extiende, además, a otros planteamientos políticos, como las reducciones fiscales, las modificaciones del gasto público y los cambios en los modelos de gestión de servicios esenciales, debido a sus posibles repercusiones sobre la sanidad, la educación, los servicios sociales y la situación cotidiana de las familias.
De ahí la importancia de analizar los programas políticos y conocer el alcance de las propuestas de los partidos, más allá de los mensajes de campaña, prestando atención a lo que podrían suponer en la práctica cuando se traducen en legislación, decisiones de gobierno o cambios en las políticas públicas.
El debate refleja una inquietud presente entre parte de la población inmigrante, que observa cómo el endurecimiento del discurso político sobre la inmigración podría tener consecuencias directas en sus vidas si acaba materializándose en medidas gubernamentales. En este escenario, la participación en el debate público, la información política y el conocimiento de los cambios legislativos se convierten en elementos fundamentales para comprender la evolución de la situación y defender los derechos dentro del marco democrático.
La reflexión también se extendió a las propuestas de reducción de impuestos y gasto público. En ocasiones, el discurso político presenta la bajada de impuestos como una forma inmediata de aliviar la economía de los ciudadanos. Sin embargo, Mariama planteó la necesidad de examinar qué ocurre con la financiación de servicios esenciales cuando se reducen los ingresos públicos o se modifica el modelo de gestión. La educación, la sanidad, los servicios sociales y otras prestaciones requieren recursos, personal, infraestructuras y financiación sostenida. El debate no consiste únicamente en pagar menos impuestos, sino también en conocer qué servicios se mantienen, cuáles se transforman, qué costes pueden trasladarse a las familias y qué consecuencias tienen esas decisiones a largo plazo.
El modelo sanitario de concesión privada desarrollado en el Hospital de La Ribera, en Valencia, ofrece un ejemplo concreto de esta discusión. En 2017, el contrato del área sanitaria rondaba los 190 millones de euros anuales para una población aproximada de 250.000 habitantes, unos 777 euros por persona. El servicio se financiaba mediante recursos públicos, aunque su gestión correspondía a una empresa privada. Este caso permite comprender que un cambio en el modelo de gestión no elimina el coste de la sanidad: modifica la forma de administrarla, financiarla y supervisarla, y abre un debate sobre eficiencia, control público, calidad asistencial y destino de los recursos.
La cuestión, por tanto, es que las decisiones políticas deben analizarse en su conjunto. Las políticas migratorias, las reducciones fiscales y las reformas de los servicios públicos pueden tener efectos interconectados sobre el empleo, la recaudación, la economía y la vida cotidiana. Comprender esos efectos, conocer el marco legal y contrastar las promesas políticas con sus consecuencias reales resulta fundamental para que la ciudadanía pueda formarse una opinión propia y ejercer su participación democrática con información.
La inmigración, en el centro de la confrontación política
El debate migratorio se ha convertido en uno de los asuntos más utilizados en la confrontación entre partidos. Mientras algunas formaciones defienden políticas orientadas a la integración, la igualdad de oportunidades y la convivencia, otras centran sus propuestas en el endurecimiento de las políticas migratorias y en discursos que, en ocasiones, presentan la inmigración como una amenaza para la sociedad.
La preocupación no reside en la existencia de un debate político sobre las fronteras, la legislación o la gestión de los flujos migratorios, cuestiones legítimas en cualquier democracia, sino en el riesgo de que determinadas narrativas terminen generalizando comportamientos individuales y trasladando la sospecha al conjunto de las comunidades inmigrantes.
El avance de la extrema derecha y la difusión de mensajes que vinculan inmigración, inseguridad o problemas sociales sin suficiente contextualización contribuyen a intensificar una discusión que necesita rigor, responsabilidad y respeto. La crítica a las políticas públicas no debería convertirse en un mecanismo de estigmatización de las personas por su origen, nacionalidad o cultura.
Una contribución laboral y económica fundamental para España y Cantabria
Durante su intervención, Mor Talla Ndir puso en perspectiva la contribución de la población inmigrante al desarrollo económico de España, insistiendo en que el debate sobre inmigración no puede desligarse de la realidad del mercado laboral, la actividad productiva y el sostenimiento del sistema de protección social.
Los datos oficiales reflejan esta realidad. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2026, España contaba con 3.832.400 personas extranjeras ocupadas, con una tasa de actividad del 70,33%. La población extranjera ocupada había aumentado un 8,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que evidencia su creciente peso en el mercado laboral.
La contribución también se refleja en la Seguridad Social. En octubre de 2026, los trabajadores extranjeros alcanzaron los 3.699.878 afiliados, representando el 16,4% del conjunto de cotizantes en España. Su presencia resulta especialmente significativa en sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción, el transporte y diversas actividades de servicios, fundamentales para el funcionamiento de la economía.
En Cantabria, esta realidad adquiere también una dimensión regional. En octubre de 2026, la comunidad contabilizaba 25.010 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 20,4% más que un año antes. Entre ellos, 3.589 eran trabajadores autónomos, reflejo también de la actividad emprendedora de la población inmigrante y de su participación en el tejido económico regional.
Mor destacó que detrás de estas cifras hay personas que trabajan, cotizan, consumen, emprenden y contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Su participación adquiere especial relevancia ante los desafíos demográficos de España, el envejecimiento de la población y las necesidades de determinados sectores del mercado laboral.
La aportación de la inmigración, señaló, debe analizarse desde una perspectiva completa, sin ignorar los retos de la integración, la vivienda, el empleo o los servicios públicos, pero tampoco invisibilizando su contribución económica y social. El debate, por tanto, debe apoyarse en datos y en la realidad, reconociendo que la población inmigrante forma parte activa del presente y del futuro de España.
El papel de los medios y la imagen de las comunidades
La influencia de los medios de comunicación en la percepción social de la inmigración fue otra de las cuestiones relevantes del encuentro. La manera en que se presenta una noticia, el enfoque de un titular o la difusión de contenidos sin contexto pueden influir directamente en la opinión pública y en la imagen que se construye sobre determinados colectivos.
El ejercicio del periodismo exige diferenciar los hechos de las interpretaciones, evitar generalizaciones y contextualizar las informaciones. Cuando un acontecimiento protagonizado por una persona se presenta como representativo de toda una comunidad, se corre el riesgo de alimentar prejuicios y convertir la información en una herramienta de división.
Esta preocupación adquiere especial importancia cuando determinados espacios mediáticos y políticos utilizan la inmigración como argumento recurrente de confrontación. Frente a ello, resulta necesario promover una información que permita comprender la realidad en toda su complejidad, sin ocultar los problemas, pero tampoco contribuyendo a crear una imagen distorsionada de millones de personas.
Majda Ajberh Nefsi: «La comunidad marroquí no puede convertirse en un instrumento de confrontación política»
En una declaración realizada a la prensa en el marco del encuentro, la periodista y representante de la comunidad marroquí en esta jornada reflexionó sobre la instrumentalización política de Marruecos en España, sus consecuencias sobre la comunidad marroquí y la necesidad de preservar la convivencia entre las distintas comunidades inmigrantes.
Majda Ajbirh Nefsi puso el foco en la utilización recurrente de Marruecos dentro del debate político y mediático español, así como en las consecuencias que determinados discursos pueden tener sobre los ciudadanos españoles de origen marroquí y sobre quienes mantienen su nacionalidad marroquí y residen en España.
Majda defendió la necesidad de diferenciar el debate político sobre Marruecos de la imagen que se proyecta sobre su población. Marruecos no es únicamente una cuestión política ni un argumento recurrente en el debate español: es un país con su pueblo, su historia, su cultura, su identidad y su propio posicionamiento en el escenario internacional. Reducir esa realidad a discursos de confrontación o utilizarla de manera recurrente en disputas partidistas puede contribuir a crear percepciones que trasciendan la política y afecten a la convivencia.
En este sentido, advirtió de que la utilización de esa comunidad como argumento político, tanto desde posiciones de izquierda como de derecha, responde en ocasiones a perspectivas e intereses propios de cada formación, pero sus consecuencias pueden trasladarse a la sociedad y afectar directamente a las personas de origen marroquí que viven en España. La reiteración de determinados mensajes, titulares o discursos puede alimentar prejuicios, generar desconfianza e incluso favorecer actitudes de rechazo hacia ciudadanos y residentes marroquíes que conviven desde hace años con la sociedad española.
Asimismo, subrayó la importancia de distinguir la crítica legítima a las instituciones, a las decisiones de un Gobierno o a las políticas de cualquier país del rechazo hacia una comunidad por su origen o identidad. La libertad de expresión y el debate político no deben convertirse en vías para trasladar tensiones internacionales a las relaciones entre ciudadanos ni para alimentar prejuicios colectivos.
También quiso subrayar que preservar las raíces, la identidad cultural, las tradiciones, las convicciones y la forma de vida de cada persona no debe entenderse como un obstáculo para la convivencia o la integración. En un Estado laico y democrático, el respeto a la libertad individual, de conciencia y a la diversidad cultural debe permitir que cada persona mantenga su identidad y sus vínculos de origen, dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás. Integrarse en la sociedad no significa tener que renunciar a las propias raíces ni a aquello que forma parte de la identidad personal.
Aunque la comunidad marroquí vive de manera especialmente directa algunas de estas dinámicas por la presencia recurrente de Marruecos en el debate español, Majda recordó que la preocupación por los discursos de estigmatización y rechazo trasciende una nacionalidad.
Las comunidades de Senegal, Mali, América Latina y otros orígenes presentes en el encuentro comparten también la necesidad de que su identidad y procedencia no se conviertan en motivos de señalamiento o confrontación. El caso marroquí constituye, en este sentido, un ejemplo concreto de una problemática que puede afectar al conjunto de la población inmigrante.
La periodista subrayó que la comunidad marroquí no reclama privilegios ni un trato diferente, sino respeto, dignidad y la posibilidad de vivir en paz, participar en la sociedad y construir su futuro sin que su origen se convierta en motivo de señalamiento. Muchos marroquíes trabajan, emprenden, forman sus familias, educan a sus hijos y desarrollan sus proyectos de vida en España, una sociedad de la que se sienten parte.
Su reflexión concluyó con un llamamiento a no trasladar las disputas políticas ni las tensiones entre países a las relaciones entre ciudadanos, y a evitar que Marruecos se convierta en un recurso permanente de confrontación que termine perjudicando a quienes, desde hace años, contribuyen a la convivencia entre ambos pueblos.
La ciudadanía, el voto y la responsabilidad de participar
La participación política fue otra de las cuestiones abordadas desde una perspectiva democrática. Los inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española cuentan con los derechos políticos correspondientes y pueden participar en las elecciones, contribuyendo a decidir el rumbo del país en el que viven.
En un escenario en el que los partidos políticos mantienen posiciones diferentes sobre inmigración, igualdad, derechos sociales, convivencia y diversidad, conocer sus propuestas resulta esencial. La participación electoral no debe estar condicionada por el origen de una persona, sino por su reflexión, sus valores y su criterio.
La población de origen inmigrante que cuenta con nacionalidad española constituye una parte de la ciudadanía y, como tal, tiene capacidad para influir en el debate político y en las decisiones que afectan a su presente y a su futuro.
La participación, la información y el ejercicio libre del voto representan herramientas fundamentales para defender los derechos, expresar preocupaciones y contribuir a la construcción de una sociedad más democrática.
Una sociedad que se construye entre todos
El encuentro celebrado en Torrelavega dejó sobre la mesa una reflexión que trasciende la propia jornada: la inmigración no puede ser tratada únicamente como un asunto electoral ni como un problema que se utiliza para alimentar la confrontación política.
España es una sociedad diversa, en la que conviven personas con diferentes orígenes, culturas, lenguas y trayectorias. Esa diversidad plantea retos, pero también forma parte de la realidad social, económica y humana del país.
La comunidad marroquí, al igual que otras comunidades inmigrantes, reclama respeto, reconocimiento y la posibilidad de participar plenamente en la sociedad en la que vive. No se trata de pedir privilegios, sino de defender la dignidad, la igualdad de oportunidades y el derecho a construir un futuro.
En un momento en el que determinados discursos pueden profundizar las divisiones, la convivencia necesita espacios de diálogo, medios responsables y ciudadanos dispuestos a participar. Porque quienes trabajan, cotizan, forman familias, educan a sus hijos y contribuyen al desarrollo de España también forman parte de su presente y de su futuro.
La inmigración no es una realidad ajena a España. Es parte de la sociedad que existe hoy y de la sociedad que seguirá construyéndose mañana. Ignorar su voz significa dejar fuera del debate a una parte de quienes, desde diferentes orígenes, también están construyendo el país.
