La crisis de Ceuta: geopolítica de desinformación, factores adyuvantes y la necesidad de una nueva doctrina para el flanco sur europeo

Por: Mohamed Nouri

Al igual que en la película de ficción La marcha (David Wheatley, 1990), decenas de miles de personas -marroquíes, argelinos, tunecinos y ciudadanos de países de África subsahariana llegaron a Ceuta el pasado 30 de julio. Fue una avalancha humana, mayoritariamente joven, espoleada por intensas campañas de desinformación en las redes sociales. Estos trágicos hechos dejaron decenas de muertos y un mar de preguntas sin respuesta. 

De inmediato, sin reunir datos, contrastar fuentes ni analizar exhaustivamente el origen y las razones de este éxodo sin precedentes, se señaló a Marruecos como el único culpable. La crudeza de las imágenes, el recuerdo de la crisis de 2021, la carga simbólica de Ceuta, las disputas políticas en España y el temor europeo a la inmigración sentenciaron el caso antes de conocer los hechos. La carga emocional exigía un culpable inmediato, un chivo expiatorio; las pruebas podían esperar. Casi diez días después, con los ánimos más calmados, la lógica sigue brillando por su ausencia y queda pendiente responder a una pregunta crucial: ¿Cui bono? ¿A quién beneficia realmente esta crisis?

La hoja de ruta de un sabotaje diplomático

¿Qué ganaría Marruecos al humillar a sus propios ciudadanos, degradar su prestigio internacional y poner en peligro su relación estratégica con España y la Unión Europea? A mayor abundamiento, el incidente coincidió con la Fiesta del Trono, efeméride que celebra la unidad nacional y la continuidad institucional del Estado, y a escasas semanas de citas clave para la resolución de la cuestión del Sáhara, en un escenario internacional que hoy le es ampliamente favorable.

Frente a esto, cabe preguntarse: ¿qué actores se benefician de debilitar la proyección internacional de Marruecos y de tensionar sus vínculos con España y la UE?

La secuencia cronológica ofrece una perspectiva más clara: el 30 de julio se genera el impacto visual; durante agosto se amplifica a escala internacional; el 8 de septiembre se inaugura el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, seguido del debate general entre el 22 y el 28 del mismo mes. Posteriormente, del 5 al 9 de octubre, se celebrarán las audiencias de los peticionarios ante la Cuarta Comisión, antesala de la reunión del Consejo de Seguridad previa a la expiración del mandato de la MINURSO el 31 de octubre.

Frente a este calendario, cabe preguntarse: ¿a quién le conviene que en la ONU se debata sobre el caos y la desesperación en el país en lugar de sus logros diplomáticos y económicos? ¿Acaso a Marruecos? Las evidencias digitales confirman que la propagación sistemática de rutas, mapas operativos y directrices hacia Ceuta se administró, predominantemente, mediante cuentas en plataformas virtuales vinculadas a redes de telefonía externas a Marruecos, con una participación notoria de líneas localizadas en Argelia. Esta manipulación informativa, caracterizada por la propagación de metrajes adulterados sobre presuntos desplazamientos masivos hacia Tetuán y Fnideq (Castillejos) durante la Fiesta del Trono, evidencia una estrategia de desestabilización coordinada por actores externos interesados en frenar la consolidación de la postura marroquí.

Factores adyuvantes: vacíos jurídicos y asimetrías políticas o los cabos sueltos que facilitaron la tormenta perfecta:

Partiendo de la premisa de que las crisis geopolíticas nunca son completamente imprevisibles, la existencia de divergencias bilaterales entre Marruecos y España y la falta de canales fluidos de comunicación permitieron que actores ajenos instrumentalizaran la situación. Dichos desencuentros operaron como variables adyuvantes, articuladas en torno a los siguientes factores críticos:

• La jurisprudencia sobre devoluciones y desprotección: La resolución de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones sumarias de quienes acceden por vía marítima a Ceuta y Melilla, generó una vulnerabilidad jurídica. Pese a las advertencias de Rabat sobre la insostenibilidad de este escenario, y aun cuando el propio dictamen judicial contemplaba el despliegue de barreras flotantes como medida correctora, la inacción institucional fue absoluta.

• El impacto normativo del proceso de regularización extraordinario: El cierre, el pasado 30 de junio, del proceso de regularización extraordinaria desbordó las previsiones con casi 1.200.000 solicitudes. Esta medida proyectó la percepción de que España articula amnistías migratorias periódicas, lo que diversos sectores de la Unión Europea y de la oposición española interpretaron como un factor determinante del «efecto llamada».

• La Proposición de Ley de nacionalidad española a los saharauis: Esta iniciativa parlamentaria (122/000072) aprobada en la Comisión de Justicia para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977 y a sus descendientes de primer grado posee una honda repercusión simbólica. Al catalogar legalmente a los saharauis como «pueblo»-disociándolos de la ciudadanía marroquí-, se reactiva el pasado colonial y se debilita la narrativa de integridad territorial de Marruecos. Asimismo, crea la compleja figura de ciudadanos españoles residiendo bajo jurisdicción de Rabat, un eco del histórico régimen de «protegidos» de los siglos XIX y XX que facilitó la colonización.

• La diplomacia pendular y el contrapeso argelino: La reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia desató intensos rumores sobre una recomposición de relaciones en detrimento de Marruecos. No cabe duda de que el Gobierno español movió ficha de manera estratégica, reaccionando al evidente alineamiento entre Rabat y París, cuya alianza estratégica integral se materializará formalmente en los próximos meses.

Esta acumulación de decisiones unilaterales y fallos de comunicación no solo actuaron como catalizadores de la crisis actual, sino que anticipan tensiones futuras si no se establecen canales bilaterales e incluso multilaterales de resolución. El impacto de este conflicto es profundamente lesivo para ambas partes además de la UE.

-En el caso de Marruecos (desgaste en la proyección exterior y la estabilidad doméstica): La movilización masiva expone una profunda disonancia con la narrativa oficial de desarrollo macroeconómico y proyección internacional. Aunque el Estado ha ido consolidando infraestructuras de primer nivel, las políticas públicas arrastran un déficit crónico en desarrollo humano. El actual sistema dual perpetúa las desigualdades de origen, convirtiendo a la educación en un mecanismo de transmisión de privilegios que convalida las tesis de Bourdieu sobre la reproducción social. A esta brecha formativa se suma un modelo económico concentrado en unas pocas manos, condenando a la juventud de las clases desfavorecidas a perpetuar un ciclo irreversible de paro, pobreza y fragilidad. Según el Banco Central (Bank Al-Maghrib), existen tres millones de jóvenes NEET (sin empleo ni formación) y el paro juvenil alcanza el 37%. Ante la falta de horizontes, el país sufre una alarmante fuga de cerebros con la salida de 700 ingenieros al año. El ambicioso plan estatal para modernizar la sanidad pública se encuentra en jaque debido a la sangría de profesionales sanitarios. Con la salida anual de entre 600 y 700 médicos y más de una cuarta parte de los enfermeros, el sistema público se queda sin el capital humano necesario para sostener las nuevas infraestructuras y expandir el seguro médico obligatorio. Por otro lado, la falta de empleo y la precariedad económica obligan a la población vulnerable a contemplar la migración irregular como su única alternativa de progreso.

-Para España (dimensión institucional y civil): Al Ejecutivo, por verse confrontado a un escenario de máxima complejidad estratégica; y a la ciudadanía, al constatar la extrema vulnerabilidad que rodea a Ceuta y Melilla. Pese a las demandas de mayor presencia militar, las crisis en estas zonas nunca son estrictamente migratorias; son el epifenómeno de fallos estructurales que ninguna valla física o tecnológica puede erradicar. Asimismo, Madrid sufre un coste político ante sus socios comunitarios, ofreciendo un flanco de ataque a las fuerzas conservadoras.

–Para la Unión Europea: La crisis reabrió las fracturas ideológicas dentro del bloque europeo respecto a la gestión migratoria. La proliferación de declaraciones apresuradas, unilaterales y contradictorias entre los diferentes Estados miembros resquebrajó el principio de confianza recíproca. Esto proporcionó un argumento ideal a las fuerzas euroescépticasy conservadoras para debilitar el consenso en torno a una política migratoria común.

El hecho de que solo la interlocución directa y urgente entre Madrid y Rabat lograra restaurar el orden evidenció la fragilidad de la política exterior europea, obligando a la UE a replantearse sus mecanismos de vecindad y cooperación hacia el sur del Mediterráneo.

Lecciones de la crisis de Ceuta: del sesgo ideológico a la doctrina compartida, de la contención al codesarrollo

Gestionar una presión fronteriza masiva y simultánea reviste una enorme complejidad, ya que el uso de la fuerza plantea contingencias legales y humanitarias inasumibles. En pleno colapso, la interlocución técnica e inmediata entre Madrid y Rabat demostró ser el único resorte capaz de restaurar la estabilidad.

Los hechos dramáticos vividos en Ceuta demuestran que las vallas físicas son insuficientes frente a las brechas socioeconómicas de fondo. La frontera entre Europa y África -representada críticamente en el eje España-Marruecos- no es un simple límite administrativo, sino una línea de fractura tectónica entre dos realidades con profundos desequilibrios macroeconómicos, demográficos y de gobernanza. 

Bajo esta óptica, los flujos migratorios irregulares no deben analizarse de forma aislada; son el síntoma visible de vectores de presión geopolítica globales que desbordan cualquier arquitectura de contención puramente física, militar o tecnológica. La geografía, en este espacio intercontinental, se convierte en política y determina de forma directa las relaciones de poder y la seguridad.

Por ello, la coyuntura actual exige superar la polarización: confundir el análisis con el activismo o la ideología solo reproducirá los mismos errores y cegueras.

En el orden internacional contemporáneo, las crisis ya no constituyen anomalías temporales, sino elementos estructurales de una nueva normalidad geopolítica. 

La gobernanza y estabilidad de esta periferia estratégica dependen de la implementación de una tríade estratégica fundamentada en la corresponsabilidad política, la seguridad y el desarrollo. Este modelo exige, en primer lugar, una acción coordinación plenamente concertada; en segundo término, el despliegue de una arquitectura de seguridad compartida volcada en la anticipación geopolítica; y, finalmente, un codesarrollo macroeconómico estructural capaz de robustecer el tejido productivo de los países de origen y tránsito.

Para la Unión Europea como actor global, y para España y Marruecos como Estados de primera línea frente a los desafíos del eje Mediterráneo-Sahel, el diseño de esta nueva doctrina para el flanco sur europeoes un imperativo de supervivencia estratégica. 

Solo mediante este realineamiento estratégico se podrá mitigar la vulnerabilidad de esta zona, transformando una frontera de fricción en un nodo de estabilidad e interdependencia positiva.