Las 500 niñas de Ceuta bajo ocupación española: España las lleva a la Península mientras Europa financia la gestión migratoria y Marruecos reclama el retorno de sus menores
El negocio político de las 500 niñas de Ceuta: España pone la imagen, Europa pone el dinero”
Una decisión presentada como humanitaria que abre también un interrogante económico y político: quién asume el coste, quién recibe los recursos y por qué se apuesta ahora por el traslado mientras Marruecos reclama a sus menores
El Gobierno español prepara el traslado urgente a la Península de alrededor de 500 niñas y adolescentes migrantes no acompañadas que permanecen actualmente en Ceuta bajo ocupación española. La operación pretende aliviar la presión sobre los recursos de acogida de la ciudad y garantizar la protección de las menores.
La decisión se presenta desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez como una respuesta humanitaria ante una situación excepcional. Sin embargo, reducir toda la operación a una cuestión exclusivamente humanitaria sería insuficiente. Detrás de la acogida existe también una dimensión económica, institucional y política que merece ser examinada.
La pregunta es sencilla: ¿quién paga la factura de esta acogida y quién termina beneficiándose de los recursos destinados a gestionarla?
La acogida también tiene un coste
Atender a menores no acompañados implica alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, educación, personal especializado, transporte y protección jurídica. No se trata, por tanto, de una operación sin coste para las administraciones públicas.
El Gobierno español aprobó a comienzos de agosto una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de los menores en Ceuta, además de otros 5,5 millones distribuidos anteriormente.
Pero el debate no termina ahí.
La Unión Europea dispone de instrumentos financieros destinados a apoyar a los Estados miembros en la gestión migratoria, la acogida y la protección internacional. España ha sido beneficiaria de estos mecanismos en diferentes momentos y, ante la actual crisis de Ceuta, el Gobierno ha planteado la necesidad de recurrir también a recursos europeos.
La gestión migratoria mueve importantes recursos públicos europeos y nacionales.
España ya conoce el mecanismo de la financiación migratoria
La experiencia española demuestra que la gestión de las llegadas migratorias puede contar con financiación europea.
Los fondos europeos destinados a migración permiten financiar programas de acogida, integración, asistencia y gestión de los flujos migratorios. En España, estas partidas han servido en diferentes momentos para reforzar las capacidades de las administraciones y entidades encargadas de atender a personas migrantes.
Por eso, cuando Madrid presenta el traslado de las 500 menores como una decisión humanitaria, existe otra dimensión que también debe ser explicada al ciudadano: cuánto cuesta la operación, de dónde sale el dinero y qué administración termina asumiendo la factura.
La solidaridad institucional no elimina la dimensión económica.
Y mientras tanto, Marruecos reclama a sus menores
Aquí aparece uno de los elementos más importantes que no debería desaparecer del debate.
Marruecos continúa reclamando el retorno de sus menores.
El 12 de agosto, el Ministerio marroquí del Interior pidió a España que facilitara el regreso de los menores no acompañados a sus familias y llamó a superar los obstáculos administrativos y judiciales que dificultan ese retorno. Rabat apeló además al principio de responsabilidad compartida entre ambos países.
Días antes, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, había reclamado igualmente a España la devolución de los menores marroquíes no acompañados y defendido que su retorno debía realizarse por las vías legales y políticas correspondientes.
El dato adquiere todavía mayor relevancia porque el propio Gobierno español había señalado el 11 de agosto que su «prioridad absoluta» era conseguir el reagrupamiento familiar en Marruecos de los 1.527 menores identificadostras la entrada masiva.
El ministro Félix Bolaños afirmó entonces que España y Marruecos coincidían en la necesidad de que todos los menores regresaran con sus familias.
Del reagrupamiento familiar al traslado a la Península
Aquí se encuentra una de las principales contradicciones políticas de la situación actual.
Si hace apenas unos días el Gobierno español situaba como prioridad el reagrupamiento familiar en Marruecos, ¿por qué ahora prepara el traslado de unas 500 niñas a la Península?
La respuesta oficial está relacionada con la situación de emergencia y la necesidad inmediata de garantizar la protección de las menores.
Pero la pregunta política permanece.
¿Se trata de una solución temporal mientras se localiza a las familias, o estamos ante un cambio de estrategia respecto al retorno y al reagrupamiento familiar?
La diferencia es fundamental.
Porque trasladar a una menor desde Ceuta a la Península no resuelve necesariamente su situación familiar. Simplemente cambia el lugar donde se produce la acogida.
Marruecos no puede quedar fuera de la ecuación
La crisis afecta directamente a las relaciones entre España y Marruecos.
No estamos hablando únicamente de personas migrantes. Estamos hablando de menores marroquíes, de familias que pueden encontrarse en Marruecos, de mecanismos de cooperación bilateral y de una frontera exterior de la Unión Europea.
Marruecos ha manifestado públicamente su voluntad de recuperar a sus menores y ha pedido que se superen los obstáculos que dificultan su retorno.
Por eso, cualquier solución duradera debería tener en cuenta la cooperación con Rabat y la posibilidad de reunificación familiar cuando esta sea jurídicamente posible y responda al interés superior del menor.
El dinero que no aparece en el titular
La parte económica de esta historia merece una explicación transparente.
Cuando se habla de acogida humanitaria, pocas veces se explica al ciudadano cuánto dinero moviliza el sistema, qué parte procede del presupuesto español, qué parte puede proceder de fondos europeos y qué entidades reciben los recursos para ejecutar los programas.
En el caso de Ceuta bajo ocupación española ya conocemos una cifra: 25 millones de euros aprobados por el Gobierno español para atender a los menores.
Lo que todavía debe aclararse con precisión es cuánto dinero europeo terminará destinándose específicamente a esta crisis y bajo qué programa.
Por eso, más que hablar de un supuesto «pago por cada menor», conviene hablar de un sistema de financiación de la gestión migratoria que mueve recursos públicos europeos y españoles.
La pregunta que queda abierta
El Gobierno español presenta el traslado de las 500 niñas como una respuesta necesaria ante una emergencia humanitaria.
Es legítimo proteger a las menores.
Pero una decisión humanitaria también puede tener consecuencias políticas y económicas.
España obtiene capacidad para descongestionar Ceuta ocupada y proyectar una imagen de protección; las administraciones reciben recursos para afrontar la gestión; la Unión Europea dispone de mecanismos para financiar políticas migratorias; y Marruecos, mientras tanto, continúa reclamando que sus menores regresen con sus familias.
Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántas niñas serán trasladadas a la Península.
La pregunta debería ser:
¿Quién decide, quién paga, quién se beneficia institucionalmente de la operación y qué ocurrirá finalmente con las menores que Marruecos sigue reclamando?
Porque en política migratoria, como en cualquier política pública, nada es completamente gratuito: detrás de cada decisión existen recursos, responsabilidades e intereses que también deben ser explicados.
